Robo de casas a desaparecidos y lavado, delitos ocultos de la dictadura

A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aún quedan crímenes de la dictadura sin ser juzgados. Puede sonar sorprendente, pero hay casos, incluso en investigaciones muy conocidas como las de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que no han llegado a juicio oral. Un ejemplo de esto es el robo de bienes a desaparecidos.

Osvaldo Barros, un docente y gremialista, fue una de las víctimas de esos robos. El 21 de agosto de 1979, él y su esposa, Susana Leiracha, fueron secuestrados por un grupo de tareas de la ESMA. Al principio, sufrieron torturas, incluidas picana e interrogatorios, buscando obtener información sobre otros militantes. Luego, lo dejaron en una cama, encapuchado. A fines de 1979, fue llevado a una sección del Casino de Oficiales de la ESMA, conocida como “La Pecera”. Allí, le pidieron que escribiera sobre su vida. Lo que más lo impactó fue reconocer una heladera que pertenecía a su departamento. Y ese no era el único objeto que le habían robado.

El mismo grupo de tareas que secuestró a Barros y Leiracha vació su hogar y se llevó todas sus pertenencias. Esto formaba parte del método de represión de la dictadura. No solo se dedicaron a secuestrar, torturar y desaparecer a opositores, también robaban sus bienes. Lo que Barros y Leiracha no sabían es que esta práctica había comenzado en los primeros meses de la dictadura, en 1976. Primero se trató de rapiña, pero con el tiempo, se apropiaron de casas, autos, tierras e incluso caballos de carrera de desaparecidos. Tanto fue el volumen de bienes robados que elaboraron un método de lavado de activos para borrar pistas.

El robo a desaparecidos cerca del juicio

En 2023, por este tipo de delitos, Jorge Radice y su hermana menor, Norma, fueron elevados a juicio oral. Jorge, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, está acusado de apropiarse de bienes de secuestrados y de armar un entramado societario transnacional para ocultar todo vínculo con la ESMA. No son los únicos mencionados por sobrevivientes, pero podrían ser los primeros en ser juzgados por estos delitos, a 50 años del golpe.

Aún no hay una fecha de inicio para el juicio. Según fuentes judiciales, no hay novedades relevantes en la causa. “Estamos en temas técnicos de embargos a Norma Radice, y el tribunal (TOF 5) avanza muy lento. Están unidos todos los esfuerzos“, comentaron. Incluso la ONU ha reclamado por este y otros casos de delitos económicos de la dictadura. Algunos dentro del poder judicial especulan que podrían poner la fecha de inicio en el año del 50° aniversario del golpe.

Jorge Radice, el arquitecto del robo

Jorge Radice no era un marino cualquiera. Era contador y, gracias a eso, le asignaron la administración del grupo de tareas 3.3.2., responsable del financiamiento de actividades dentro y fuera del centro clandestino. En la ESMA, tenía un seudónimo, utilizado por todos los represores. Se ganó la confianza del jefe del grupo de tareas y del almirante Emilio Eduardo Massera, que estaba al mando de la Marina y era parte de la Junta Militar en los primeros años de la dictadura.

Myriam Lewin, exdetenida en la ESMA, recuerda que Radice era “canchero, irónico y acomodaticio” y terminó siendo la mano derecha de Massera en su oficina. Se dice que Massera financió su partido político, el Partido para la Democracia Social (PDS), con parte del dinero robado a los desaparecidos.

Al principio de la dictadura, los represores desvalijaban las casas de opositores secuestrados y llevaban las pertenencias al Pañol del Casino de Oficiales. Era tal la cantidad de ropa robada que se acumulaba hasta el techo. También era común encontrar otros artículos allí, como la heladera de Barros. Pero eso fue solo el inicio; pronto fueron tras bienes más grandes.

Bajo extorsión y torturas, varios desaparecidos fueron forzados a firmar documentos para ceder o vender sus autos o casas. Los compradores, en muchos casos, eran los propios represores, pero utilizaban nombres y documentos falsos, en ocasiones elaborados por militantes detenidos.

Las inmobiliarias de la ESMA

Entre 1977 y 1979, los marinos de la ESMA crearon tres inmobiliarias para llevar a cabo estos robos. Una de ellas estaba en Warnes 350/52, propiedad de Marcelo Hernández, otro desaparecido en la ESMA. Hernández, en ese tiempo, “firmó” un poder a favor de un tal Juan Héctor Ríos, que resultó ser el falso nombre de Radice. Otra inmobiliaria funcionaba en Jaramillo 3083/87, comprada por los padres de Radice en plena dictadura.

Las propiedades robadas a desaparecidos fueron introducidas en el circuito legal a través de un entramado societario que concedía cierta complejidad. Uno de los arquitectos de todo esto fue Jorge Radice, con la ayuda de su hermana Norma, también contadora.

La Marina no era la verdadera pasión de Radice. En 1979, dejó la fuerza y se dedicó a los negocios. Además, acompañó a Massera en su aventura política hasta que colapsó con el regreso de la democracia. A partir de ahí, montó empresas dedicadas a la importación de armas.

Desde 1976 hasta hoy, los hermanos Radice intervinieron en al menos ocho operaciones inmobiliarias. Además de las propiedades de Warnes y Jaramillo, hay unidades en Besares 2019, que pertenecían a otro detenido desaparecido. Tras varios cambios de manos, estas unidades terminaron en poder de Norma Radice.

La pareja de los Radice prosperó durante la dictadura, adquiriendo tres embarcaciones y cinco caballos de carrera, todos robados a Conrado Higinio Gómez, quien también fue secuestrado. Norma, además, tuvo una carrera exitosa en el sector privado, fundando empresas y renovando su auto al menos ocho veces.

A inicios de los 2000, cuando estos casos fueron destapándose, algunos medios intentaron entrevistar a Norma. Cada vez, ella se las ingeniaba para evitarlo. Ahora, dos décadas después, parece que tendrá que enfrentar las preguntas que eludió en ese entonces, pero esta vez, frente a la Justicia.